Manuel RosalesCaracas, 15 Oct. AVN.- El fugitivo de la justicia venezolana, Manuel Rosales, quien huyó del país en 2009, es acusado por enriquecimiento ilícito en sus gestiones como alcalde de Maracaibo y gobernador del estado Zulia, sin embargo, eludió el proceso y pidió asilo político en Perú desde hace seis años.

Quien en sus inicios en la política del bipartidismo fuera miembro de la Dirección juvenil de Acción Democrática en el estado Zulia, llegó a ser electo alcalde en 1995 y se postuló como gobernador en 1998, comicios que perdió; dos años más tarde fundó el partido Un Nuevo Tiempo, con el que logró la gobernación para el período 2000-2004 y su reelección hasta 2008.

Rosales fue imputado el 11 de diciembre de 2008, como consecuencia de la investigación iniciada por un Informe de Auditoría patrimonial presentado por la Contraloría General de la República, el 19 de julio de 2007, que concluyó que en sus gestiones como alcalde (1996-1999) y gobernador (2000-2008), registró fondos que no pudo justificar ante el órgano controlador.

El delito de enriquecimiento ilícito que se le imputa a este opositor prófugo está previsto y sancionado en el artículo 73 en concordancia con el 46 de la Ley Contra la Corrupción, que establece una sanción de prisión de tres a diez años, proceso judicial que continuará si regresa a Venezuela.

«Si es verdad que viene, me parece muy bien y que le haga frente a la Justicia, ese es el comportamiento que deben tener todas las personas y, bueno, si viene se le garantizarán todos sus derechos, pero será aprehendido inmediatamente que llegue al país”, señaló en días pasados la Fiscal general Luisa Ortega Díaz, entrevistada en el programa «Diálogo con», transmitido por Televen.

Este representante de la derecha, derrotado en las elecciones presidenciales de 2006 por el líder socialista Hugo Chávez, evadió a la justicia venezolana, sin embargo, se considera un «desterrado» y a su estancia de seis años en Perú la refiere como «exilio», reseñan algunos medios.

Manuel Antonio Rosales Guerrero fue inhabilitado en junio de 2015 por la Contraloría General de la República, lo que le impide ejercer cargos públicos por siete años y seis meses, no obstante, al respecto advirtió que esta sanción no impediría su regreso al país, donde en caso de que vuelva, tendrá que enfrentar a la justicia.