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Bogotá, 5 jul (PL) El abogado y exvicepresidente colombiano  aseguró que el Gobierno está dispuesto a aceptar un cese el fuego, antes de firmar la paz, en la medida en que sea serio, bilateral, definitivo y verificable, reseñaron hoy diarios locales.

Al principio nuestra posición era que tal medida sólo sería posible tras el pacto final en La Habana, en ese punto hemos cambiado, agregó el vocero gubernamental en los diálogos con las insurgentes FARC-EP.

Adicionalmente mencionó como condiciones que los guerrilleros asuman su responsabilidad en materia judicial así como la verificación nacional e internacional para la tregua.

Al referirse al tema de la justicia transicional, que prevé definir sanciones para responsables del conflicto, el exvicepresidente descartó la opción de una amnistía general.

Hay fallos de nuestra Corte Constitucional según los cuales no pueden suspenderse la totalidad de las penas, además el país exige justicia sin amnistías generales, eso no lo vamos a hacer, insistió.

De la Calle reconoció que ese punto es el más complejo dentro del proceso de conversaciones en Cuba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), encaminado a terminar el período bélico.

La insurgencia tiene que asumir las responsabilidades de sus actos, el Estado también, naturalmente, enfatizó.

Con anterioridad el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, opinó que del consenso en esa cuestión -justicia transicional- dependerá el éxito de las pláticas a favor de la distensión.

En una entrevista publicada por los principales periódicos del país, el jefe de los negociadores del Gobierno reconoció que el proceso pacificador transita por su momento de mayor complejidad.

De la Calle confesó que no es capaz de predecir un plazo para tales gestiones, esa es la pregunta del millón de dólares, dijo.

En su opinión los ciclos de encuentros entre ambas partes beligerantes están llegando a su término, entre otras razones porque ambos equipos trabajan en la recta final de los temas de fondo.

No obstante admitió que la alternativa de que el Gobierno se levante de la mesa de conversaciones es un riesgo latente.

El conflicto armado colombiano aumentó su intensidad desde mediados de mayo tras la reanudación de los bombardeos castrenses a las FARC-EP.

Otro de los factores que recrudeció la confrontación fue la suspensión de la tregua combativa decretada con anterioridad por ese movimiento rebelde al considerarla insostenible en las condiciones actuales cuando crecen los operativos en su contra.

Las FARC-EP han reiterado su disposición para sumarse a una paralización total de las acciones ofensivas de mutuo acuerdo con la contraparte, variante rechazada hasta el momento por el Ejecutivo.

Según analistas, la espiral violenta añade elementos de tensión al de por sí complejo proceso de negociación.

mem/ap