Caracas, 2 jun (PL) La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, certificó hoy la capacidad del Sistema de Justicia Penal de este país para garantizar los derechos de todos los ciudadanos.
En un texto publicado esta jornada en varios medios nacionales, Ortega explicó que los policías, fiscales, jueces y funcionarios del sistema penitenciario están obligados a proteger los derechos de las víctimas y a sancionar a los responsables de delitos.
La fiscal general también aseguró que en la labor de garantizar justicia para las víctimas está incluido el respeto por los derechos ciudadanos de quienes infringen las leyes.
No obstante, el castigo es obligatorio para aquellos que vulneran los derechos humanos y afectan el patrimonio público, pues generan gran daño social, menoscaban la legitimidad de las entidades encargadas de la seguridad y afectan el desarrollo económico, apuntó.
Ortega refirió, además, que las instituciones de la justicia deben optimizar los mecanismos dirigidos a disminuir los índices de la violencia, así como los previstos para lograr sanciones ejemplarizantes a los causantes de ella.
En los días recientes, varios actores políticos nacionales y foráneos lanzaron acusaciones contra la Justicia venezolana por supuestas parcialidad y violaciones de derechos, fundamentalmente en los casos de dirigentes opositores encarcelados por fomentar la violencia en el país.
Las máximas autoridades venezolanas, incluido el presidente Nicolás Maduro, señalaron en repetidas oportunidades que estas son estrategias de la derecha para deslegitimar las instituciones públicas y las del Gobierno.
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