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Batallón Cacique Nutibara permitió que grupo paramilitar «Los alacranes», asesinaran a 32 habitantes de ese municipio en el 2000. Eso se llama Terrorismo del estado contra el pueblo.

Tomado de Diario El Colombiano

Medellín. El homicidio selectivo de 32 personas en un lapso de 42 días en Urrao, Antioquia, en el año 2000, y el silencio y la actitud omisiva de la Fuerza Pública ante los grupos paramilitares, le valió a la Nación una millonaria condena por parte del Consejo de Estado. 

En sentencia de la Sección Tercera se acreditó por primera vez la responsabilidad de la Nación, representada en el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, por “la ejecución sistemática” de personas que eran supuestamente considerados como colaboradores de la guerrilla por parte de un grupo conocido como ‘Los Alacranes’.

Esto ya que a pesar del aumento de los homicidios en la zona y la notoriedad de lo que sucedía, no se realizó una sola acción para evitarlo ni se iniciaron investigaciones a pesar que “en la zona había cerca de 233 miembros del Ejército que permanecieron en Urrao en el periodo en el que se presentaron las muertes”

Con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz, la Sala indicó que el incumplimiento de las funciones de las autoridades “propició el escenario para que los alzados en armas concretaran sus objetivos, mediante la ejecución sistemática de homicidios (…) lo que es evidente, dada la inoperancia e inactividad de los uniformados”, en especial, del Batallón Cacique Nutibara.

Ahora bien, a pesar que el paramilitar Alcides de Jesús Durango, alias “René”, aceptó su responsabilidad en todos los homicidios que ocurrieron en la zona para el año 2000, no es certero quiénes componían ese grupo denominados “los Alacranes”.

Así, en el expediente se hace referencia a alias “el Alacrán”, como responsable de algunos de esos homicidios selectivos como el de Jhon Jairio Laverde Argáez y María Graciela Argáez, ocurrido en junio del 2000. Ese ‘Alacrán’ sería William Ocampo Trujillo, cabo primero del Ejército Nacional, según la demanda que estudió el Consejo de Estado.

La Corporación indicó además que los homicidios selectivos se dieron a “manos del grupo denominado Los Alacranes, nombre que coincidía con el de una de las Compañías del Batallón No.11 Cacique Nutibara, recientemente trasladado a la zona”.

La Sala indicó que se probó que estos grupos estaban integrados por personas que vestían de civil y como las prendas propias de las Fuerzas Militares y que había incursiones de las Auc de alias ‘René, quien transitaba libremente en la zona, intimidando a los residentes y visitando incluso a los comandos del Ejército y de la Policía “sin recato”.

En todo caso, todo el contexto de lo que sucedió en Urrao entre mayo y junio de 2000, la Sección Tercera indicó que estos hechos son inaceptables y condenó a la Nación a pagar más de mil 200 millones de pesos a los familiares de Jhon Jairo y María Graciela por daños y perjuicios sufridos. 

Además, el ministerio, el Ejército y la Policía deberán ofrecer excusas públicas en una ceremonia privada dentro de tres meses a fin de repudiar de forma clara y categórica la violación de los derechos humanos y en la que se comprometan a tomar correctivos para que estos hechos no vuelvan a suceder.

Igualmente, se deberá disponer en un link en sus respectivas páginas en donde esté disponible esta sentencia. El Ministerio, además, deberá implementar políticas tendientes “a crear conciencia sobre sus deberes de protección respecto de la sociedad, en el marco de la garantía de sus derechos fundamentales”