risaraldaDECLARACIÓN PÚBLICA

El Consejo Consultivo y Fiscal del Sindicato de Educadores de Risaralda-SER-reunido el día lunes 9 de febrero, tuvo como propósito analizar el contexto económico social y político en el que se desarrolla la lucha de los trabajadores del país y en particular, la situación de la educación, los maestros y la comunidad educativa, en momentos en que nos aprestamos a presentar y negociar pliegos de peticiones, en el presente año.

Como organización sindical rechazamos la profundización de la política neoliberal del actual gobierno que de la mano del capital financiero representado en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico) vienen impulsando una serie de reformas lesivas como el aumento de la edad de pensión, la definición de la pensión no por el promedio de los últimos 10 años sino subirlos entre 15 y 20 años; el desmonte del salario mínimo, la propuesta de aumentar el IVA a nuevos productos y nuevos impuestos que gravaran aún más a los trabajadores, la aplicación de la regla fiscal que en la práctica se traduce en la no asignación de los recursos para el sostenimiento del Fondo de Prestaciones tal como había sido acordado en el paro del 2013.

En materia educativa, el gobierno viene haciendo una campaña mediática de Jornada Única pero sin recursos para atenderla en cuanto a infraestructura, restaurante escolar, nombramiento de nuevos maestros, aumento de salarios, dotación de los establecimientos educativos, muchos de los cuales se encuentran deteriorados por falta de mantenimiento. De igual manera rechazamos la continuación de la política de privatización de la educación que se expresa en la construcción de nuevos megacolegios con operadores privados para La Virginia, Santa Rosa y Dosquebradas, la venta del patrimonio público, en particular de instalaciones educativas como la Julita y la entrega en comodato en La Virginia de la escuela la Salle al Banco Davivienda. Convocamos a las comunidades educativas a defender el patrimonio público de la educación y la educación pública como derecho de los ciudadanos.

Así mismo no compartimos los procesos de fusión de colegios puesto que de esta manera se genera hacinamiento y traslado de personal docente y administrativo como ocurre en las instituciones educativas Remigio Antonio Cañarte y Rodrigo Arenas Betancurt. Demandamos de las diversas entidades territoriales el nombramiento de personal docente, directivos docentes, y administrativos de servicios, con el fin de garantizar la normalidad en las diversas instituciones educativas.

En cuanto a la democracia escolar reclamamos el cumplimiento de la ley 115 con relación al nombramiento del Consejo Directivo, el gobierno escolar, con funciones reales que permitan una real participación. En el mismo sentido le apostamos a la recuperación de los espacios de las Juntas Municipales de Educación-JUME- y la Junta Departamental, JUDE, como espacio de deliberación y decisión en torno a la educación en cada municipio y el departamento.

En lo concerniente a la salud los maestros y sus familias, siguen afrontando una pésima atención por parte de los prestadores del servicio, pese a todos los compromisos de mejorarlos por parte del gobierno y las entidades que la atienden; reclamamos como organización el cumplimiento del contrato de prestación de servicios por parte de COSMITET, tal como fue acordado en los términos de referencia.

En cuanto al proceso de Paz el Sindicato de Educadores de Risaralda, respalda las negociaciones que se realizan en la Habana y el proceso que se viene abriendo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, demandando del gobierno gestos de buena voluntad que se materialice en un cese Bilateral de fuego y la eliminación de la práctica de la persecución y judicialización de dirigentes sociales. El Sindicato respalda la construcción de un Frente Amplio por la Paz, la democracia y la Justicia social.

Este Consultivo condena las agresiones contra los defensores de derechos humanos, líderes de restitución de tierras, organizaciones sindicales y periodistas, los cuales han venido siendo objeto de intimidación por parte de organizaciones criminales, por lo que demandamos del gobierno la investigación y sanción de estas conductas que afectan la convivencia y la posibilidad de paz en el país.

Por último invitamos a la ciudadanía a movilizarnos respaldando la Jornada de Movilización este 13 de Febrero contra los altos gravámenes de valorización en Pereira, la Jornada de los Estatales el 18 de Febrero por la defensa del derecho de huelga y la GRAN JORNADA DE PROTESTA DE LOS MAESTROS Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA EL PRÓXIMO 26 DE FEBRERO, en respaldo al pliego de peticiones y la defensa de la educación pública.

Dado en Pereira a los 09 días del mes de febrero del 2015.

CONSEJO CONSULTIVO Y FISCAL

SINDICATO DE EDUCADORES DE RISARALDA

Hernan Durango / Redacción Bogotá

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