Por Mario Hubert Garrido
Caracas, 5 dic (PL) La reciente instalación en Venezuela del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de Campesinos y Pescadores mantiene hoy activadas nuevas medidas de protección y enfrentamiento a un mal que afecta a los labriegos: el sicariato.
Para poner ante los tribunales a los asesinos asalariados y a las mafias que los engendran e invaden territorios ajenos por métodos violentos, los primeros candados fueron colocados por esa instancia gubernamental que impulsa el jefe de Estado, Nicolás Maduro, en su estrategia de pueblo-presidente.
Tras ese encuentro el pasado miércoles, la primera en reaccionar fue la ministra para las Relaciones Interiores, Carmen Meléndez, quien convocó al Estado Mayor General del Sistema de Protección Popular para la Paz.
Durante la cita adoptaron acciones dirigidas al fortalecimiento de la seguridad del campesino, especialmente para aquellos que laboran en las extensas líneas limítrofes con países vecinos.
Meléndez mencionó entre otras iniciativas la realización de un censo de las propiedades existentes en zonas fronterizas, con el apoyo del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).
Para la funcionaria también será vital la activación de planes de financiamiento para proyectos productivos.
Con el objetivo de reducir estos delitos, adelantó la participación de la Universidad de Campesinos y los centros educativos para que la Gran Misión A Toda Vida Venezuela y el Movimiento por la Paz y por la Vida trabajen con los sectores más vulnerables en cada región.
Una comisión especial dará seguimiento a estos temas, dijo Meléndez y adelantó sesiones periódicas para evaluar la labor encomendada por el presidente de la República.
Otra de las alternativas concretas, agregó, será verificar el desempeño de los cuerpos de seguridad que operan en el campo.
Además será integrada una comisión especial para atender a las víctimas de los sicarios y abogar en la Asamblea Nacional para la aceleración de una ley sobre el asunto, aún en preparación.
. El pasado 19 de noviembre, la Asociación de Familiares de Víctimas del Sicariato informó que 178 labriegos fueron asesinados por defender la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, promulgada vía Habilitante en noviembre de 2001 por el fallecido presidente Hugo Chávez.
«Desde entonces a la fecha, hemos vivido la furia de la burguesía nacional, de los terratenientes» manifestó Aileen García, hija de Armando García, a quien privaron de la vida el 19 de septiembre de 2002 en el estado de Zulia.
Asimismo comentó la necesidad de castigar esos crímenes por considerarlos de lesa humanidad.
La Asociación propuso además la creación de la misión «Madres del campo», la que repercutirá sobre todo en los estados llaneros y agrícolas como un avance social importante
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, de 281 artículos, reivindica los derechos del sector frente a los intereses de la élite representada en la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), dedicada a proteger los grandes latifundios.
Por su parte, William Gudiño, titular del Instituto Nacional de Tierras (Inti), dijo al diario Últimas Noticias que la Oficina de Protección al Campesino está promoviendo, a través de la Comisión de Política Interior del legislativo, un proyecto que permita definir el sicariato como un delito de lesa humanidad y no como un hecho común.
«Hay casos que están a punto de prescribir; pero definiendo el delito como de lesa humanidad, el caso no prescribirá jamás, como los desaparecidos o los casos de torturas. Queremos que a estas víctimas tengan un tratamiento especial», explicó.
Según Gudiño, la Fiscalía General designó a un especialista que coordinará ese proceso y luego indicó que también buscarán protección para los campesinos desplazados, debido a constantes amenazas.
Prensa Bolivariana 