El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Rafael Ramírez, expresó la posición del Estado sobre el fallo que favorece a Venezuela en la disputa legal con la transnacional petrolera Exxon Mobil.
El tribunal arbitral del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI), emitió el fallo definitivo en el caso cuyo litigio comenzó desde el año 2007 con las pretensiones exageradas de Exxon Mobil.
A partir de ese fallo, Venezuela no tendrá que pagar una idemnización de 20 mil de millones de dólares a esa transnacional, que era lo que exigían de forma injustificada. Ahora, el Gobierno del país sólo pagará mil 500 millones de dólares.
Lea el comunicado íntegro aquí
En contexto
Hace siete años el presidente Hugo Chávez, decretó Plena Soberanía Petrolera y la nacionalización del petróleo para dar a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) la mayoría accionaria y posibilitar la redistribución social de la renta en beneficio del pueblo.
La medida frenaba las intenciones de los gobiernos neoliberales de privatizar este estratégico recurso de los venezolanos iniciado con la llamada “Apertura petrolera”. Una de las prácticas más comunes era la firma de “Convenios Operativos” con las empresas transnacionales.
Los “Convenios Operativos” suponían:
– Entrega de campos petroleros considerados marginales (de “dificil explotación” y “poco rentables para PDVSA”) para su “reactivación” por las transnacionales
– Contratos de exploración y explotación por 20 años.
– Las transnacionales pagarían el 34% de Impuesto sobre la Renta, sin regalías, las cuales eran asumidas por PDVSA.
– La solución de los conflictos se dirimirían mediante un arbitraje internacional, supranacional, en franca violación de la soberanía nacional.
– Las empresas exigían cuatro obligaciones económicas que debía asumir PDVSA: Los costos de operación, los costos de capital, los incentivos para una mayor producción y las deudas adquiridas por las empresas para poder realizar inversiones)
– Como resultado Venezuela acababa pagando entre el 110 y el 135 por ciento por cada barril de petróleo venezolano producido.
32 de estos convenios fueron firmados con 22 empresas. Con los convenios operativos se violaba la Carta Magna que reserva la exploración y explotación petrolera exclusivamente al Estado venezolano.
La Plena Soberanía Petrolera ponía fin a estos convenios, permitiendo la participación de capital privado en la industria, regulado por el Estado. Casi todas las petroleras que tenían e convenios operativos aceptaron que les redujeran su participación, excepto Exxon y Conoco Phillips, que llevaron sus demandas al Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) adscrita al Banco Mundial.
En 2012 un jurado de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional ordenó a PDVSA el pago de USD 908 millones, de los siete mil millones que exigía Exxon, como compensación por los activos que perdió tras la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Como afirmara el Comandante, “comienza a consolidarse una nueva geopolítica petrolera al servicio de los pueblos y no de los intereses del imperialismo y del gran capital”.
Prensa Bolivariana 