Por: Alfredo Valdivieso
Bucaramanga, septiembre 30 de 2014.
Doctor
ANDRÉS VILLAMIZAR PACHÓN
Director Unidad Nacional de Protección -UNP
Bogotá D.C.
Respetado doctor:
Ayer acudí a solicitar la autorización para que se expidieran las misiones de trabajo para que los señores escoltas asignados a mi esquema de protección me acompañaran en labores propias de mi actividad política en los municipios de Zapatoca, San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja, durante los días comprendidos del 1º al 4 de octubre de 2014. Dirigí la comunicación al correo electrónico que se nos indicó, el s e v i c o l @unp.gov.co, explicando la necesidad del acompañamiento debido a los problemas de seguridad de la zona y a que el suscrito fue desplazado de la localidad de San Vicente de Chucurí cuando ocupé el cargo de concejal municipal por la UP.
La respuesta desde ese mismo correo asignado por la UNP fue absolutamente lacónica, sin explicación o argumento alguno: “Nos permito (?) dirigirnos a usted con el ánimo de informar que no es posible para la Unidad Nacional de Protección, autorizar la presente solicitud”. Y a renglón seguido de la forma más irónica señala: “Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus solicitudes”.
Quiero señalar que la negativa en la autorización del acompañamiento de los escoltas en mis labores políticas en los citados municipios, obligó a desistir de ese viaje, pues los riesgos de seguridad en la zona son muy altos, pese a que el Gobierno se esfuerce en hacer creer que los actos violentos contra la oposición de izquierda, las organizaciones sociales y sindicales, los reclamantes de tierras, las víctimas del conflicto, entre otros, se han minimizado.
Pero lo más grave, y por lo que acudo a usted para expresar mi rechazo tajante a la determinación, que parece se va a convertir en norma con el argumento de la “austeridad”, es que con actos de esa naturaleza el Gobierno central, y la UNP, están entorpeciendo las labores políticas de organizaciones de oposición, al negarse a otorgar las garantías efectivas y no proclamadas para el ejercicio de la actividad propia. En nuestro caso, la Unión Patriótica que debió ser restablecida en su personería jurídica por orden del Consejo de Estado, y que busca retomar el trabajo en las zonas de donde se nos expulsó a balazos, necesita de la permanente asistencia en los municipios donde tuvimos una importante presencia y donde quedan afectos y simpatías, pues de no poder cubrir el territorio para los procesos eleccionarios que se avecinan, la personería jurídica y la vigencia de la colectividad se convertirán en un simple espejismo. Y gozando de esquemas de protección, acudir solos a esos sitios, implica grandes riesgos para la seguridad e integridad.
Cabe resaltar que la UP y el PCC gozan de unas medias especiales de protección del Estado por ‘recomendaciones’ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y en virtud de decretos que el Gobierno ha debido expedir para garantizar la protección de los miembros, víctimas y sobrevivientes. Es decir no se trata de una simple liberalidad del Gobierno ni el Estado. Y cuando se determinaron esos equipos de seguridad es por la calificación de los altos riesgos que no han cesado.
Por lo tanto vale la pena que la UNP me diga –y a los demás protegidos– si los esquemas de seguridad se limitarán al ámbito reducido de las localidades en que actualmente residimos, y si para realizar cualquier diligencia política aún en zonas cercanas debemos acudir sin acompañamiento de ninguna índole, pues entiendo que la UNP al no autorizar los desplazamientos ha indicado la prohibición del acompañamiento sin la expresa autorización, so pena incluso de sanciones a los equipos de seguridad por ”inobservancia”.
Tengo la suspicacia de que la negativa a autorizar los acompañamientos (que repito y al parecer se va a volver norma) tienen la recóndita y proterva intención de obligar a los protegidos de diversas organizaciones y sectores a adelantar la atención de su propia actividad solos, sin acompañamiento, lo que luego implicará, con la base de datos y los registros que lleven la UNP y las empresas contratistas, intermediarias, la “demostración” de que esas personas no requieren protección, pues si viajan a otros sitios es señal de que las medidas no se requieren.
Y cuando digo que la “austeridad” es el pretexto, quiero dejar claro en esta carta abierta que eso no es cierto. Recientemente se acaba de encargar de la UNP en Barrancabermeja a la señora Diana Silva, de quien sabemos no es experta en temas de seguridad o protección, sino simplemente una permanente funcionaria de diversas entidades, que acaba de salir en la pasada administración municipal del puerto petrolero, de su Secretaría de Gobierno, y que es simplemente un cuadro político del partido Cambio Radical, que al parecer tiene a la UNP como su coto.
Pero además es que la austeridad no puede ser para tapar los huecos que los desfalcos y latrocinios de personajes muy allegados al Director de la UNP generaron en el inmediato pasado. No se pude desmejorar el servicio de protección para cohonestar las dilapidaciones y otros delitos, por lo que no han salido a responder ni penal ni patrimonialmente sus autores.
Agradezco por lo tanto la atención prestada y quedo a espera de una respuesta a mis inquietudes y quejas.
Cordial saludo,
ALFREDO VALDIVIESO
Secretario general PCC Regional Santander – Protegido
c.c. 13.831.164 de Bucaramanga
Cel. 318 803 2309
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