Por: Alfredo Valdivieso||Sabido es de la opinión que la Unidad Nacional de Protección –UNP– que reemplazó al cuestionado DAS, asumió solo en los primeros tiempos las labores de protección (pues otras actividades del DAS, entre ellas ‘chuzar,’ se entregaron a otras entidades) y de manera paulatina la labor propia de una entidad estatal de protección se fue entregando a empresas privadas, especializadas en vigilancia y seguridad, es decir la consabida y neoliberal tercerización y privatización de funciones del Estado.
La tercerización se dio mediante convocatoria y licitaciones, siendo ya ampliamente denunciado que esos eventos no se hicieron de la forma más transparente e imparcial. A las empresas que ganaron las licitaciones –varias de amplia trayectoria y esfuerzo de empresarios nacionales– se les formalizaron contractualmente deberes y derechos, que en lenguaje estatal se conoce como “estabilidad jurídica”. Pero al andar el tiempo las obligaciones emanadas de los actos de la UNP para con las contratistas se han venido violentando en busca de recuperar los desfalcos y la corruptela, recortándoles recursos y dando directrices amañadas que finalmente vulneran la seguridad de todos los protegidos.
¿Por qué las nuevas medidas? Varios de los principales ‘colaboradores’ y personas de confianza de Andrés Villamizar Pachón, director de la UNP, cometieron todo tipo de defraudaciones: exigencia de coimas para girar recursos comprometidos; chanchullos en el cobro de supuestos gastos; desviación de dineros públicos, son apenas la punta del iceberg que se ha denunciado. Y como ya es costumbre, el principal comprometido, el secretario de la UNP y mano derecha del director, se halla prófugo, sin que nada se haya adelantado para que responda.
Entonces la fórmula más fácil –ya acostumbrada– es recortar montos de asignaciones salariales y prerrogativas de los escoltas, pero que finalmente ponen en riesgo la integridad de los protegidos. Con el argumento de la ‘austeridad’ se ha generado la directriz de que las contratistas no hagan lo obligado en contratos, que derivan de los pliegos de condiciones, sino lo que a voluntad y estado de ánimo indica el señor Villamizar; aquí no median decretos y menos aún leyes. Si las empresas contratistas fueran transnacionales de la seguridad –que están tras el pastel– con toda seguridad no se impondrían ‘directrices’, pues la “seguridad jurídica” para las empresas extranjeras sí es norma, en lo que llaman “confianza inversionista”. Y no se atrevería el director de la UNP a imponer los recortes que él quiera, pues tribunales internacionales impondrían las consabidas sanciones al Estado.
Con el pretexto de la austeridad, además de enlodarse con rasero a los escoltas, se pretende restringir viajes de labores propias de los escoltados, con el argumento estólido de que “ya hay lugares del país que brindan absoluta seguridad”. Amenazados por paramilitares –víctimas de atentados y desplazados de diversos sitios– deben ahora acudir a sitios diferentes a su residencia sin acompañamiento y poniendo en máximo riesgo su integridad. De darse cualquier contingencia, el señor Villamizar, como ya sucedió tras el reciente asesinato del amenazado periodista del Valle del Cauca, saldrá en la típica fórmula de Pilatos a lavarse las manos. Pero es que además al enlodar a los escoltas –el eslabón más débil de la cadena– humildes trabajadores con salarios deplorables para su responsabilidad, de contera se está poniendo en entredicho a sus protegidos, quienes entonces son sospechosos de desfalcos al Estado, de los que sí son responsables los más cercanos amigos del director, quien además en una especie de respaldo ha salido a medios de comunicación a decir que “eran personas honorables”.
Es preciso que a la UNP se le haga el seguimiento por parte de la Contraloría, para que se indaguen los destinos de lo dilapidado y hurtado; para que se examine si los recortes que se pretenden imponer en verdad van a fortalecer las arcas de esa entidad o pasarán, mediante prestidigitación, a arcas de algunas empresas o bolsillos propios. Es hora que la Procuraduría investigue lo propio, y a dónde han ido a parar el producto de los robos y sus responsables, amén del examen de legalidad de las medidas que se pretenden imponer, si están o no respaldaos en actos legales y no en simples caprichos.
La actitud del señor Villamizar Pachón –paradójicamente familiar político de un gran dirigente asesinado tras el sospechoso viraje a su seguridad, Luis Carlos Galán– es una muy mala señal del Gobierno y el Estado a lo que será la consolidación de un proceso de terminación del conflicto armado y la integración de sus miembros a la vida civil, lo que debe implicar la más completa garantía de salvaguarda de la vida e integridad de los excombatientes.
En la imagen, director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar.- Foto article.wn.com
Alfredo Valdivieso
Secretario general PCC Santander.
Por pacocol.org
Prensa Bolivariana 