Por: Yhoban Camilo Hernández||La audiencia con los campesinos se desarrolló en el corregimiento Macondo de Turbo, Urabá antioqueño, a donde habrían retornado unas 600 familias sin acompañamiento institucional. A falta de restitución, reclamantes retornan por su cuenta a predios en Urabá.
Dos abogados de Inglaterra y uno de España visitaron el corregimiento Macondo del municipio de Turbo para verificar la situación de los reclamantes de tierras que reciben agresiones y amenazas tras iniciar un proceso de retorno sin acompañamiento institucional.
La comisión se realizó en desarrollo de la Cuarta Caravana Internacional de Juristas que sesionó en diferentes lugares de Colombia los días 25, 26 y 27 de agosto de 2014 con abogados de Reino Unido, Canadá y Perú.
“La conclusión a la que hemos llegado después de la audiencia con los campesinos –de Macondo en Urabá-, es verdaderamente preocupante y trataremos de hacer llegar esta realidad al mundo entero, no es admisible que esto siga sucediendo en este país”, expresó Fernando Piernavieja Niembro, abogado español quien participó en la caravana.
Para el jurista, lo que ocurre con estos campesinos que no logran acceder a la restitución de tierras y que al retornar por su cuenta están siendo amenazados, “es una explotación económica llevada a cabo por grandes empresas”.
Esta valoración se dio tras escuchar los testimonios de algunos campesinos que, ante la falta de restitución y ante los problemas económicos, sociales y familiares, decidieron volver por su propia cuenta a los predios que les fueron despojados por empresarios ganaderos, presuntamente con apoyo de las autodefensas, durante la violencia paramilitar entre los años 1994 y 1996.
En la audiencia, los labriegos recrearon la forma como fueron desplazados y despojados de sus tierras; mediante amenazas, muertes selectivas, compra forzada de propiedades y engaños.
Además denunciaron que sus propiedades quedaron en manos de grandes empresas ganaderas cuyos administradores los vienen amenazando y agrediendo para que abandonen los predios a los cuales retornaron.
Entre las agresiones se denunció destrucción de cultivos de pan coger, robo de animales de granja, asesinato de perros, ruptura de cercos y disparos al aire para amedrentar a las familias que retornaron.
Las veredas más afectadas son La Eugenia, Villa Rosa, Cuchillo Negro, El Caimán y Guacamayas, donde está la empresa Guacamaya S.A. cuyo administrador, Aicardo López, fue señalado de cometer las mayores intimidaciones.
Fernando Piernavieja Niembro, abogado español que participó en la Caravana.
El objetivo de la Caravana Internacional de Juristas es fortalecer el colegaje entre abogados colombianos y profesionales del derecho de otras naciones; sensibilizar a la sociedad acerca del papel de los abogados en un sistema democrático; examinar el nivel de acceso a la justicia en los casos de violaciones de Derechos Humanos y las estrategias de protección para el ejercicio del Derecho en Colombia.
En Antioquia la organización de la caravana jurídica fue apoyada por la Corporación Jurídica Libertad, que en Urabá recibió ayuda de la Asociación Tierra y Vida, la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación –IPC para la realización de la audiencia con los reclamantes de Macondo.
La situación de estos campesinos es más grave aún porque, denunciaron en la audiencia, algunas instituciones del municipio y de la subregión de Urabá no atienden sus denuncias sobre las intimidaciones que vienen sufriendo, no les brindan garantías para proteger sus vidas, entorpecen los procesos de reclamación y restitución de predios, y adelantan operativos de desalojo forzado a solicitud los empresarios. Al respecto se escucharon quejas sobre la como la Fiscalía, la Procuraduría, la unidad de restitución de tierras, la policía, la Alcaldía de Turbo y las inspecciones municipales.
Por ello, Fernando Piernavieja concluyó que “la ley 1448 que tiene muy buena intención pero que está siendo boicoteada en su aplicación por problemas de tipo burocrático, por retraso en el tiempo y porque algunas personas, teniendo títulos de propiedad o sentencias a su favor, no han podido volver a tomar posesión de sus tierras porque la presión y la amenaza sigue existiendo.”
Por ello el abogado consideró que el caso de los reclamantes de Macondo podría ser llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que la “conculcación de derechos fundamentales de la ciudadanía es palmaria –notable- y, en algunos casos, está siendo llevada a cabo por el Estado.” Sin embargo aclaró que para llevar el proceso a dicha corte habría que agotar todas las instancias jurídicas en Colombia.
Prensa Bolivariana 