Buenos Aires, 19 ago (PL) Argentina insistió en que los fondos buitre abusan hoy de los sistemas legales, acosan a países soberanos y dañan el sistema financiero internacional.
Así replicó el Gobierno a través de su Embajada en Washington a un anuncio que circuló el Grupo de Tareas Estadounidenses para Argentina (ATFA), que se encarga de cabildear a favor de esos bonistas que lucran de la especulación financiera.
«Ahora, están tratando de manipular la opinión pública norteamericana», recalca el comunicado divulgado por la sede diplomática en relación con el anuncio de ATFA, financiado por NML Capital del magnate Paul Singer y que difundió información falsa sobre Argentina en Estados Unidos.
La Embajada afirmó que en dicho aviso «los fondos buitre utilizan a terceras partes en un intento por disfrazar su codicia y distorsionar la verdad», ya que entrevistan a dos ciudadanos argentinos, ajenos a los buitre, para intentar reafirmar sus objetivos hostiles al país.
El Gobierno remarcó que «la posición de los fondos buitre es clara: obtener mil 600 por ciento de beneficio o intentarán arruinar la exitosa reestructuración de la deuda de Argentina y lastimar al 92.4 por ciento de los acreedores de buena fe del país.
«La posición de Argentina también es clara: el país continuará honrando sus pagos y no se rendirá a las extorsiones de los fondos buitre», aseveró su embajada en Washington.
Al unísono, el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, afirmó que en el transcurso de la semana su dependencia hará una presentación ante su similar de Estados Unidos sobre la supuesta maniobra fraudulenta de la empresa RR Donnelley en Argentina.
Vanoli señaló que la CNV aguarda la información que le entregará la Administración Federal de Ingresos Públicos para completar el expediente, el cual difundirá en todos los mercados globales sobre la sospechosa actitud de una empresa que declaró una falsa quiebra.
RR Donnelley, en la que participó el fondo buitre NML Capital, cerró de súbito su imprenta en Buenos Aires, dejando a más de 400 trabajadores en la calle, para lo cual alegó que estaba en quiebra; sin embargo, toda la estadística contable de la compañía muestra que era solvente.
La presidenta Cristina Fernández evocó la Ley Antiterrorista, que ahora la oposición quiere revocar, para presentar una denuncia penal ante la Justicia argentina contra la empresa RR Donnelley por alteración del orden económico y financiero, e intentar desatar miedo en la opinión pública.
Su gobierno asumió la operación de la imprenta Donnelley en la localidad bonaerense de Garín y salvó el empleo de sus trabajadores.
Prensa Bolivariana 