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La Habana, 12 ago (PL) La delegación de las FARC-EP a los diálogos de paz con el gobierno colombiano, rechazó hoy aquí la implementación de iniciativas unilaterales como la del denominado marco jurídico para la paz, al considerar que obstaculizan ese proceso.

Para los efectos de lo que se construye en La Habana, ese acto legislativo -aprobado por el Congreso colombiano en 2012- no existe porque no ha sido consensuado, afirmó Iván Márquez, jefe de ese equipo insurgente, al reanudar las conversaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos.

Márquez hizo un llamado a respetar el espíritu y la letra del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, firmado en agosto de ese año en La Habana, del cual se infiere que las partes no pueden arrogarse el derecho para definir temas no abordados en la mesa de conversaciones.

A través de un comunicado, denunció que «hay expedientes extraños a la Mesa que se han pretendido exhibir y hacer valer como si sus contenidos hubiesen sido considerados y aprobados por las dos delegaciones.

Previamente, Márquez aseguró que las partes buscarán vías para garantizar el reconocimiento de los derechos de las víctimas de la confrontación, lo cual -consideró- permitirá encontrar las claves que desbrocen el camino de la reconciliación de la familia colombiana.

Para abordar este sensible tema, ambos equipos negociadores recibirán en La Habana en los próximos días a representantes de las víctimas del conflicto, a las cuales escucharán «sin discriminación alguna, bajo los principios de protección y reconocimiento».

En un comunicado conjunto difundido recientemente, esas delegaciones anunciaron la instalación de la Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, que proveerá de insumos en la discusión de los diferentes puntos pendientes de la agenda.

Como resultado de encuentros preparatorios efectuados en julio y agosto, decidieron también crear una subcomisión para abordar lo relacionado con cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y la dejación de armas.

Con Cuba y Noruega como garantes, y Chile y Venezuela como acompañantes, estas pláticas ya permitieron consensos en materia de desarrollo agrario integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas.