farc-mesa29Por Jorge Hernández Álvarez*

La Habana, (PL) Las delegaciones del Gobierno colombiano y las FARC-EP comenzaron a construir aquí los primeros acuerdos para la solución al problema de las drogas ilícitas, tercer tema que se discute de una agenda de seis puntos en el contexto de los diálogos de paz.

Así se constató al cierre del XX ciclo de conversaciones, donde los avances más concretos se registraron en el acápite referente a programas de sustitución de cultivos ilícitos, según manifestaron las partes en un comunicado conjunto.

Por el momento podemos decir que tenemos los primeros borradores sobre los lineamientos o bases de esa solución, expresaron la guerrilla y el Gobierno, quienes desde noviembre de 2012 desarrollan diálogos de paz en La Habana para poner fin al conflicto armado -de más de medio siglo- en la nación suramericana.

FARC-EP POR UNA NUEVA POLITICA ANTIDROGAS

Tal pronunciamiento resalta luego de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) presentaran en enero al Ejecutivo una propuesta de Programa nacional para la sustitución de usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola o marihuana.

La iniciativa insurgente preveía entre otras cosas la sustitución de los usos ilegales a través de dos caminos fundamentales.

Uno de ellos constituye la implementación de Planes de desarrollo alternativo que garanticen las condiciones del sosten económico, social y ambiental de los respectivos territorios y zonas, así como el bienestar de las comunidades implicadas como el campesinado.

Según lo expuesto, tales planes deberán definir las actividades productivas y de generación de servicios que sustituirán los usos ilícitos.

De tal forma, esta visión promueve diferentes actividades económicas derivadas de los Planes de desarrollo alternativo, las cuales deberán garantizar ingreso y trabajo digno para las comunidades campesinas y los núcleos familiares que las conforman.

Con ello, se busca -según la guerrilla- superar las condiciones de pobreza y miseria de esas comunidades, que se han visto forzadas, por su situación socioeconómica, a la producción de hoja de coca, amapola y marihuana.

La otra vía propuesta por la insurgencia para la sustitución de los usos ilícitos aboga por la intervención directa del Estado para regular la producción y el mercado de la hoja de coca, la amapola y marihuana.

Todo ello con base en el reconocimiento de las cualidades alimenticias, medicinales, terapéuticas y culturales de esos cultivos.

Esa postura contrasta con la visión de erradicación forzada ejecutada por el Gobierno a través de métodos tan nocivos como las fumigaciones con agentes químicos en el marco de la llamada guerra contra las drogas que apoyada por Estados Unidos, resulta criticada por las FARC-EP debido a su carácter represivo y nula efectividad.

Al respecto, las FARC-EP consideran que las estrategias del gobierno de Bogotá, entre ellas el Plan Colombia, para erradicar los cultivos y la producción de narcóticos fracasaron, de ahí el sentido de las propuestas de la guerrilla para acabar mediante otras vías con el problema de las drogas ilícitas.

Si el gobierno asume que la política de guerra antidrogas trazada a sangre y fuego por los Estados Unidos en nuestro país, ha fracasado, no debe entonces persistir, en mantener contra la razón, la represión y el prohibicionismo que han agudizado el problema, manifestó sobre ese punto Iván Márquez, jefe de la delegación de paz insurgente.

No tenemos duda -dijo- que si las comunidades acuerdan la sustitución (de los usos ilícitos), ellas mismas se encargarán de que todos los involucrados en el acuerdo se disciplinen y acaten los compromisos.

La gente no va a permitir que mientras la gran mayoría de los integrantes de una zona trabajan por sobreponerse a las economías ilegales hacia las que los empujaron equivocadas políticas económicas neoliberales, otros, ya teniendo opciones de vida digna, persistan en los usos ilegales de la coca, amapola y marihuana, agregó.

El prohibicionismo hirsuto y fundamentalista sólo agrava los males al producir violencia, aumento de la población carcelaria y dificultades para tratar el tema como problema social y asunto de salud pública, comentó el líder guerrillero.

La única vía cierta de solución al problema que estamos debatiendo en lo que concierne a la eliminación de los cultivos de uso ilícito, no es la erradicación forzada, de tajo, y las fumigaciones con agentes químicos, sino la sustitución voluntaria, concertada y gradual acompañada de planes alternativos promisorios, afirmó Márquez.

En esa coyuntura, enmarcada en sus propuestas, las FARC-EP demandaron la desmilitarización de la política antidrogas, el cese de la injerencia estadounidense en Colombia y la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y reparación integral de las víctimas de ese herbicida.

CON AVANCES XX CICLO DIÁLOGOS DE PAZ

Al cierre de la XX ronda de pláticas, se pudo conocer que la misma había concluido «con avances y entendimientos en cuanto a generar una nueva estrategia distanciada de la fracasada guerra contra las drogas impuesta por los Estados Unidos», como lo reflejara Márquez.

De hecho, en un comunicado conjunto, Gobierno y guerrilla informaron del inicio de la construcción de acuerdos concretamente en el punto alusivo a Programas de sustitución de cultivos ilícitos.

Específicamente -según precisaron- en el sub punto que versa sobre planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental en las áreas afectadas por dichos cultivos.

Las partes coincidieron además en la necesidad de fortalecer la presencia institucional del Estado en los territorios afectados, promoviendo el desarrollo integral y satisfacción de los derechos de la ciudadanía, garantizando la seguridad, convivencia y protección de los derechos humanos.

También, se comprometieron a seguir trabajando y analizando por separado las distintas propuestas que cada delegación ha presentado en la Mesa de Diálogos, como paso previo al inicio de un nuevo ciclo de conversaciones el próximo 24 de febrero.

De ese modo, ya en el tercer punto en discusión de la agenda empieza a recorrerse camino luego de que la guerrilla y el Gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, alcanzaran en 2013 acuerdos esenciales en la cuestión agraria y la participación política.

Como resultado de ello, se logró consenso en cuestiones como el acceso y uso de la tierra, la formalización de la propiedad, las fronteras agrícolas y la protección de zonas de reserva.

Además, se reconoció el derecho de reunión, a la libre circulación y expresión, la libertad de conciencia y también los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en una democracia tras el fin de la beligerancia, puntos cardinales propuestos en diferentes plataformas por la guerrilla.

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*Periodista de la Redacción Nacional