Bogotá, 17 feb (PL) La presunta red de corrupción puesta al descubierto por la revista Semana amenaza convertirse en una caja de Pandora por la madeja de implicaciones que aún pueden salir a la luz, afirma la publicación.
La corrupción no solo se limita a los millonarios contratos descubiertos que benefeciarían a altos mandos militares, quienes además los avalaron, sino también a las grandes sumas extraídas de los fondos girados por el Ejército a las guarniciones militares, consignadas incluso en las cuentas bancarias de oficiales presos.
En los cientos de horas de grabaciones, en manos de la Comisión de Acusaciones del Congreso y a las cuales tuvo acceso la revista, hay conversaciones que detallan cómo los boletos aéros destinados al uso del personal militar en varios batallones son desviados hacia los abogados defensores de militares presos por ejecuciones extrajudiciales de civiles.
Esos homicidios eran reportados luego como guerrilleros caídos en combate (los llamados falsos positivos), denunciados por Semana en varios de sus reportajes de 2011 y 2013, así como los privilegios de que gozaban en la carcel de Toleimada los acusados por esas ejecuciones,
En los audios correspondientes a esas etapas, señala la revista, eso queda claramente explícito.
En esas ocasiones, añade, los militares anunciaron «sanciones, investigaciones y correctivos», pero también queda claro en las grabaciones en manos del Congreso que las prebendas siguieron y las irregularidades llegan a niveles escandalosos.
Uno de los hechos más graves, refiere la revista, es el de las conversaciones entre el eje de la supuesta red de corrupción, el coronel Robinson González (detenido como parte de un proceso de ejecución extrajudicial de dos campesinos) y varios generales, incluido el actual comandante general de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero.
Lo más inquietante, señala Semana, es que quizás lo que hace González no es un caso aislado sino una práctica «que involucraría a otros altos mandos detenidos en cárceles militares y termina con ramificaciones extendidas a altos oficiales del Ejército».
El escándalo comenzó a rodar la víspera y generó una inmediata repercusión en amplios sectores políticos y de la población civil, que exigen una respuesta inmediata de las instancias gubernamentales ante lo alarmente de los sucesos.
El presidente Juan Manuel Santos calificó de grave e inaceptable el hecho y ordenó al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que procediera de inmediato a esclarecer lo ocurrido, tomar medidas contundentes e informarlas al país.
Pinzón, por su parte, dijo que el Gobierno no tolerará la corrupción en ningún sentido y tomara las disposiciones necesarias para determinar la verdad sobre la supuesta corrupción.
Prensa Bolivariana 