PETRO 2Bogotá, 14 ene PL) Las reacciones contra la decisión de la procuraduría de ratificar la destitución e inhabilidad por 15 años del alcalde bogotano Gustavo Petro son cuestionadas por amplios sectores sociales y políticos del país.

Mientras, el procurador general Alejandro Ordóñez se apresuró a fijar los plazos, los tiempos, como los llamó, para la notificación de la sentencia.

Según explicó a periodistas, el primer paso estipulado por la ley es la notificación personal a Petro, que empieza a contar desde que un funcionario de ese ente de control, le entregue al alcalde una copia de la oficialización de la sentencia.

Si pasado tres días no ha sido posible contactarlo, se le enviará una comunicación por escrito, a la cual deberá responder en un plazo de ocho días.

Vencido ese término, agregó Ordóñez, si el alcalde o su representante legal no han dado acuse de recibo, la procuraduría se lo comunicará por edicto, mediante una cartelera visible en la que dará por informado a Petro sobre la ratificación de su destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos durante 15 años.

Contra esa decisión, precisó, no cabe ningún otro recurso, según lo establecido por el Ministerio Público, con lo cual el proceso de notificación concluiría en la primera semana de febrero.

Una vez agotada esa fase, el dictamen sería enviado al presidente de la República, quien dispondría de 10 días hábiles para ejecutarlo, al término de los cuales, o sea en la tercera semana de febrero, Bogotá se quedaría sin alcalde titular.

Ordóñez le teme al pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual solicite medidas cautelares para la preservación de mis derechos constitucionales, subrayó Petro en la manifestación masiva en su respaldo la víspera.

El procurador es un «fanático religioso vestido de abogado jurista» que «esconde intereses económicos» y que «ha pasado por encima de la ley y de los tratados internacionales», arguyó.

En tanto, las voces discrepantes aumentan. El exmagistrado Rodrigo Uprinmy insistió en el programa Hora 20, de la emisora Caracol Radio, en la necesidad de eliminar la Procuraduría que, a su juicio, fue una equivocación de la Constituyente de 1991.

Asimismo, celebró que el debate sobre las sanciones impuestas al alcalde haya llevado a plantear el desmonte de ese organismo de control. El procurador tiene unos poderes desbocados, sustentó, a diferencia del fiscal que está limitado por las decisiones de los jueces de garantías.