por Jhon J. Salinas
La Defensoría explicó que dicho fenómeno es el causante de los hechos violentos en la zona. “La mayoría de los homicidios en esta zona del Quindío, son cometidos mediante la modalidad de sicariato principalmente contra jóvenes.
En una nota de seguimiento revelada por la Defensoría del Pueblo se afirmó que los grupos post desmovilización de las Auc, como Los Rastrojos, La Cordillera y las bandas delincuenciales articulados a estos, son los generadores de riesgo en el Quindío.
Esta aseveración ha prendido la alerta en la zona, puesto que pone en discusión lo afirmado en reiteradas ocasiones por las autoridades de la región, las cuales han negado la presencia de estos colectivos y solo han reconocido las denominadas ‘estructuras criminales’.“Los Rastrojos están ejerciendo acciones de violencia en los municipios de Armenia, Calarcá, Circasia, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya, y tienen muchas similitudes con su forma de actuar en otras regiones del país en donde están instrumentalizando el conflicto armado, para articular organizaciones como oficinas de cobro, combos y pandillas, que funcionan como operadores profesionales de violencia. A partir de estas organizaciones criminales, controlan las zonas advertidas donde captan recursos. Las pautas de comportamiento a la que se deben someter las comunidades, son incorporadas a través de la violencia y la intimidación”.El informe del ministerio público, además indicó que en especial situación de riesgo se hallan los niños y adolescentes, los líderes sociales, comunitarios, miembros y representantes de organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes de procesos de restitución de tierras, docentes, servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, entre otros funcionarios del Estado, que han sido objeto de amenazas, los comerciantes y transportadores que pueden ser víctimas de amenazas.“Los autodenominados Los Rastrojos están utilizando la proximidad que existe entre los municipios de la zona plana de Quindío y las poblaciones del norte y el oriente del Valle del Cauca, donde el grupo armado ilegal ha afianzado su presencia y control, para beneficiarse de la situación de vulnerabilidad que se está presentado en el departamento cafetero y ampliar las ganancias por la producción y compra de sustancias sicoactivas en el sur occidente del país y en la zona pacífica, controlando los circuitos de distribución y comercialización de esas sustancias”, condensó el documento conocido por LA CRÓNICA.Se reveló que su objetivo es ampliar la cantidad de ganancias a obtener, por la producción y compra de alucinógenos en el sur occidente del país y en la cuenca del océano Pacífico, empero se recalca que también se están lucrando de otras fuentes como el hurto y extorsión, los préstamos con intereses a usura y al parecer, las redes de explotación sexual.
Además, están imponiendo regulaciones ilegales a la comercialización de productos agrícolas como el cilantro, la cebolla y la panela.“Especialmente desde Cartago y Tuluá han estado llegando personas que prestan dineros en barrios y plazas de mercado, controlan la distribución de sustancias psicoactivas y están acompañadas por personas encargadas de tareas de seguridad. Por otro lado, combos de jóvenes y adolescentes ocupan parques y esquinas desde donde realizan vigilancia a los movimientos de la fuerza pública y se mantienen al tanto del actuar de los habitantes ubicados en los lugares identificados en riesgo. Algunos de ellos transportan armas y sustancias sicoactivas, y muchos son consumidores dependientes”, dijo el informe.
Explicación de los homicidios
La Defensoría explicó que dicho fenómeno es el causante de los hechos violentos en la zona. “La mayoría de los homicidios en esta zona del Quindío, son cometidos mediante la modalidad de sicariato principalmente contra jóvenes y adolescentes involucrados en el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes —expendedores, consumidores y receptadores—, población cultural y socialmente estigmatizada como habitantes de la calle, personas vinculadas a estructuras armadas —ladrones, pandilleros, cabecillas, campaneros y vinculados a esquemas de seguridad— e individuos que hacen parte de los negocios de préstamos con intereses a usura o ‘gota a gota’”.Según la información suministrada por el Instituto de Medicina Legal, en el año 2012 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el departamento del Quindío fue de 40,2, superando en 9 puntos la tasa nacional de homicidios. En los municipios advertidos ocurrieron 208 homicidios de los cuales el 5% fueron contra hombres menores de 18 años, el 60% contra hombres mayores de 18 años, el 25% contra mujeres menores de 18 años y el 10% contra mujeres mayores de 18 años.En el presente año se ha tenido conocimiento de homicidios y posibles desapariciones forzadas en Armenia y en Filandia, donde se utilizaron torturas y tratos crueles, como métodos y medios para generar terror e intimidación entre la población civil.
Utilización de niños y adolescentes
Los Rastrojos y las bandas delincuenciales articuladas están utilizando a niños y adolescentes para la comisión de acciones como el sicariato, la comercialización de sustancias, el ingreso a espacios de difícil acceso para ‘jíbaros’ tradicionales, la mimetización en locaciones recreativas y educativas, pues se conoce que la trasgresión a la ley conllevan a un tipo de responsabilidad penal menos rígida. “En el monitoreo realizado a los municipios de Montenegro, Quimbaya y La Tebaida fue posible verificar que muchos adolescentes que trabajan como ‘guías turísticos’ expenden estupefacientes y que existe una alta dependencia de esta población a dichas sustancias. Según se indicó que los niños, niñas y adolescentes, se prostituyen o venden narcóticos para conseguir recursos para acceder a las sustancias psicoactivas”, agrega el documento de la Defensoría.Según la estadística de la Defensoría del Pueblo regional Quindío, en el sistema que atiende el Programa de Responsabilidad Penal para Adolescentes, frente al año anterior se presentó un aumento en los requerimientos exigidos para la población adolescente. En relación con los delitos que específicamente están asociados a la problemática descrita en el informe de riesgo 005-12, se aprecia que hubo un considerable incremento de requerimientos por amenazas, “constreñimientos ilegales”, “porte de armas de fuego o municiones” y homicidios. Siendo especialmente notorio, en las peticiones por el delito de “porte, tráfico o fabricación de estupefacientes”. Hubo un aumento de 134 casos frente al 2011.
Extorsiones
Algunos sectores de la población civil están siendo víctimas de una práctica denominada ‘secuestro express’, donde a través de la violencia o la intimidación, personas o familias son obligadas a pagar millonarias sumas de dinero a grupos armados ilegales. De igual manera, los propietarios de tiendas, negocios informales de ventas de alimentos y establecimientos comerciales, comerciantes de plazas de mercado, personas que acuden a préstamos ‘gota a gota’ y propietarios de predios rurales, entre otros, vienen siendo víctimas de extorsiones. En febrero de 2013 en Montenegro, un comerciante del barrio Comuneros estuvo recibiendo llamadas anónimas en las que se le exigía el pago de una contribución forzada y a cambio, ofrecían servicios de seguridad. Asimismo, se conoció que los presuntos responsables de esa conducta ilegal pretendían citar o convocar a las víctimas de la extorsión en una vereda cercana al municipio bajo amenazas diciéndoles “que lo hacen por las buenas o de lo contrario, la van a hacer por las malas”.
Amenazas contra defensores de derechos humanos y líderes sociales
Los líderes, presidentes de Juntas de Acción Comunal, docentes, funcionarios del Estado, organizaciones de víctimas, comunidades étnicas, organizaciones no gubernamentales, y asociaciones deportivas y culturales, que reclaman la actuación de las autoridades civiles y militares, continúan siendo objeto de amenazas por parte de los actores armados ilegales. El control de los territorios es instrumentalizado a través de intimidaciones y acciones violentas contra organizaciones de la sociedad civil que lideran iniciativas para presionar a los actores armados, ante las autoridades estatales.
Las acciones
Frente a este fenómeno, la Defensoría resaltó en su informe que las autoridades regionales “asumieron un firme compromiso en materia de prevención y protección de las comunidades en riesgo y diseñaron planes de acción, pero deben contar con el apoyo de las entidades del orden nacional, para la implementación de programas a favor de los derechos de los niños y adolescentes afectados por las acciones de los grupos ilegales en el Quindío. Asimismo, se confirmó que se han realizado acciones de atención a la población en riesgo a través de consejos descentralizados de gobierno, consejos de política social y reuniones periódicas para la adopción de medidas tendientes a mitigar el riesgo y evitar problemas de orden público en el territorio quindiano. Se reconoció la labor de entes como la gobernación, las alcaldías municipales de Armenia, Calarcá, Circasia, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya, la Policía Departamento del Quindío, la Fiscalía Seccional Quindío, las personerías municipales, la Octava Brigada del Ejército, el Icbf, la Defensoría del Pueblo Regional Quindío y la Procuraduría.“Para contrarrestar la problemática de reclutamiento y utilización ilegal de niños y adolescentes, y las diferentes afectaciones asociadas al porte, fabricación y comercialización de sustancias sicoactivas, la gobernación y las alcaldías de los seis municipios, articuladamente, han desarrollado una serie de proyectos, conducentes a recuperar entornos protectores para la infancia y la adolescencia del Quindío. Además, se construyó el Plan Departamental para la Reducción de Sustancias Sicoactivas y se adecuaron los planes de desarrollo, a las necesidades planteadas por el informe de riesgo”, incluyó la nota de seguimiento.Para finalizar, el documento indicó: “De este modo es probable que se sigan presentando hechos de violencia que puedan ocasionar violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, tales como: ataques y enfrentamientos con interposición de la población civil, homicidios selectivos o múltiples, amenazas, extorsiones, secuestros, afectación de bienes civiles, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, reclutamiento y utilización de jóvenes y adolescentes, restricciones a la movilidad, esclavitud sexual, y violencia sexual contra niños y adolescentes”.
Dario La Crònica del Quindìo.
Prensa Bolivariana 