Lima, 10 jun (PL) El gobierno peruano aseguró hoy que acatará cualquier decisión judicial sobre el expresidente Alberto Fujimori, cuya familia anunció acciones en ese terreno para su libertad, tras la negación de un pedido de indulto.
El ministro de Justicia, Daniel Figallo, consideró una reacción positiva el anuncio de Keiko Fujimori, hija y heredera política del preso, de usar mecanismos legales y constitucionales para conseguir la libertad de su padre, quien cumple una pena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y corrupción.
El anuncio de Keiko estuvo acompañado de ataques y recriminaciones al presidente Ollanta Humala por haber negado el pasado viernes el indulto humanitario pedido en octubre de 2012, y hasta de sugerencias de movilizaciones de los fujimoristas.
Figallo consideró positivo el uso de las vías legales y reconoció su pertinencia y dijo que el gobierno acatará cualquier decisión judicial sobre Fujimori.
Éste permanece preso aquí desde que en 2007 fue extraditado de Chile, a donde había llegado procedente de Japón, país que lo cobijó luego que huyó de Perú cercado por un escándalo de corrupción.
Entretanto, el procurador estatal Anticorrupción, Julio Arbizu, recordó que el exgobernante aún no ha pagado los 27 millones de nuevos soles (10 millones de dólares) que debe entregar como reparación civil al Estado por los crímenes cometidos.
Indicó que el monto es una ínfima parte del daño económico causado al país por su administración (1990-2000) y los exfuncionarios de aquel régimen también condenados por corrupción han cancelado menos del uno por ciento del total.
Arbizu anotó el hecho de que Fujimori, como otros exfuncionarios corruptos, extrañamente no tiene bienes registrados a su nombre que puedan ser embargados para la reparación y lo mismo ocurre con los demás sentenciados.
Señaló que el «el decenio fujimorista fue pródigo en corrupción», ese gobierno estableció «una organización criminal que asaltó a todas las instituciones del Estado y que tenía claramente una dirección bicéfala, compuesta por Fujimori y (el asesor) Vladimiro Montesinos».
De otro lado, en mayo último se inició un proceso judicial contra la hermana del exgobernante, Rosa Fujimori, el esposo de esta, Víctor Aritomi, y su hija Myriam Aritomi por el delito de enriquecimiento ilícito.
La notable demora se debe a obstáculos puestos por los acusados, prófugos y cobijados en Japón por tener la nacionalidad de aquel país, donde Víctor Aritomi fue embajador de Perú durante el gobierno fujimorista.
Según la acusación fiscal, Aritomi, su esposa e hija hicieron en esa época movimientos de dinero por más de un millón de dólares, sin que sus ingresos lo justifiquen y presumiblemente producto de donaciones de empresas y ciudadanos japoneses para fines sociales en Perú.
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