Por Anubis Galardy

Bogotá (PL) El paro de los productores de papa colombianos fue levantado hoy tras un acuerdo con el Gobierno, que destinará 40 mil millones de pesos (22 millones de dólares) a subsidiar las cosechas de los próximos dos años.

También se habilitarán cuatro mesas en busca de solución a los reclamos sobre refinanciación de los créditos bancarios, comercio, insumos y semillas, pero quedó fuera uno de los nervios centrales de las demandas la revisión o renegociación de los Tratados de Libre Comercio, cuya repercusión en la crisis del agro fue puesta sobre el tapete.

El Estado destinará, asimismo, dos mil millones de pesos (un millón de dólares, aportados por el central departamento de Boyacá) para apoyar el cultivo de la cebolla y prevenir así el estallido de un sector que se hizo sentir en el paro de los papicultores, dispuesto a respaldar sus protestas con una huelga.

La respuesta de las instancias oficiales, tras la experiencia de la huelga nacional de los cafeteros y otras insurgencias gremiales en el sector campesino, parece impulsada por las pérdidas ocasionadas al Gobierno, hasta ahora un billón de pesos (546 millones de dólares) en estos cuatro primeros meses del año.

Todo apunta al ensayo de soluciones parciales para una crisis que ha tocado fondo, sobre la cual planea la sombra permanente de los TLC, incrementados con los suscritos recientemente con la Unión Europea y los que se adelantan con la Alianza Asia-Pacífico.

«Paperos, cacaoteros, cafeteros, arroceros, lecheros, pequeños industriales, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, sindicalistas, trabajadores independientes, todos coinciden en que los Tratados de Libre Comercio firmados por Colombia en los últimos años son injustos e inconvenientes para el país», apunta el analista Rodolfo Arango.

A su juicio, «esta oposición tiene una salida a la vista: organizarse en torno a un partido político que llegue al poder y renegocie los TLC ya suscritos, para bien de todos los afectados, a favor de la totalidad de la población y no de una pequeña parte de ganadores».

Los estudios de la Contraloría General de la República, a cargo del prestigioso economista Luis Jorge Garay, muestran que la economía y el medio ambiente nacionales acaban perdiendo más que lo que ganan con el actual marco de negociaciones internacionales.

En el contexto de un proceso de paz que nos conduzca efectivamente hacia la concordia, «un gobierno dispuesto a hacer respetar los intereses de sus pobladores y satisfacer las necesidades de lucha contra la pobreza y la desigualdad, es más idóneo y legítimo para llevar a buen término unas reformas constitucionales que ahonden y extiendan la democracia y los derechos humanos», postula Arango.