09/05/13.-Los caminos secos y los paisajes casi áridos dan la bienvenida a buena parte de la región oriental de Guatemala, zona que históricamente ha sido conocida como La Montaña.
Esta tierra tiene fama de valiente y aguerrida y esto no es un calificativo aleatorio, pues se ha construido a lo largo de siglos sobre todo por las grandes movilizaciones sociales que durante el pasado siglo pusieron en zozobra a las autoridades políticas y a las élites de poder.
La razón por la que el oriente de Guatemala vuelve a tomar protagonismo se debe a que la conflictividad social que se ha visto en las últimas semanas en los departamentos surorientales de Santa Rosa y Jalapa se ha intensificado de manera significativa con la publicación del decreto emitido por el presidente Otto Pérez Molina, la mañana del 2 de mayo, que oficializó la instauración de un estado de sitio durante 30 días.
REPRESIÓN A MOVIMIENTOS SOCIALES
En Mataquescuintla, del departamento de Jalapa, y también en San Rafael las Flores y Casillas se ha instaurado una serie de medidas donde la represión a los movimientos sociales es el objetivo principal para lograr el cese de la plena vigencia de sus libertades individuales.
Con esta orden, el gobierno ha desplegado 8 mil 500 militares y policías. De estos, 3 mil quinientos son soldados, lo que deja ver una parte de la lógica política del gobierno.
Las autoridades estatales, principalmente el ministro de Gobernación, el coronel Mauricio López Bonilla, argumentan que el móvil de la acción se debe a causas netamente relacionadas con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, a partir de los precedentes que se han visto en las últimas semanas, la causa principal es el rechazo de los habitantes de San Rafael las Flores a las actividades de la mina El Escobal.
LOS ACONTECIMIENTOS
El 27 de abril pasado se acentuó el clima de tensión que se vive cotidianamente. Ese día, al atardecer, guardias de seguridad de la minera San Rafael atacaron a pobladores del área que retornaban de sus labores y se dirigían hacia sus casas.
En esa acción, Alberto Rotondo, un chileno que funge como jefe de seguridad, fue el principal instigador de esos violentos hechos. Al día de hoy los pobladores todavía se hallan hospitalizados con serias heridas provocadas por balas de plomo.
La situación se caldeó con la firma de un acuerdo de “aporte voluntario” por parte del Estado, las autoridades locales y de la mina, publicitado en los medios de comunicación. Esto fue el motivo de manisfestaciones pacíficas por parte de la población.
Un hecho que cabe destacar es que Rudy Pivaral, miembro del Comité en Defensa de la Vida y la Naturaleza de San Rafael, recuerda la presencia de 20 hombres armados y con chalecos antibalas que se sumaron a la protesta de los pobladores y que posteriormente prendieron fuego a las patrullas.
La Mina San Rafael S.A., una subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources, ha recibido el respaldo tanto de autoridades afines a los intereses privados como de las autoridades del propio Estado guatemalteco.
En este contexto, la razón de la instauración del estado de sitio tiene que ver con “marcar presencia” y ejercer control sobre una población que cuestiona el modelo económico extractivo. En este sentido el Parlamento del Pueblo Xinka, en su calidad de autoridad ancestral, ha sido criminalizado y vilipendiado política y mediáticamente. Con la instauración del estado de sitio se instucionaliza el control social y el apoyo al proyecto minero. Esto se debe a que el proyecto concuerda con la lógica del actual modelo de desarrollo económico de Guatemala que privilegia las industrias extractivas y de monocultivo.
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Cuestionado modelo económico
De manera general, este nuevo estado de sitio decretado por el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, le da continuidad a toda una lógica de políticas públicas de Estado iniciadas el año pasado, cuyo principal objetivo es asegurar el mantenimiento del modelo económico de desarrollo extractivo que se instauró a lo largo de los años de la posguerra civil guatemalteca, a partir de 1996. De la misma forma en que sucedió en el año de 2012 en Santa Cruz Barillas, en el departamento de Huehuetenango (región fronteriza con el estado de Chiapas, México) los movimientos sociales y las muestras de apoyo y solidaridad individuales denuncian las acciones gubernamentales con el objetivo de frenar la injerencia violenta del gobierno en la cotidianidad de los pueblos.
A lo largo de los años 2011 y 2012 las comunidades realizaron consultas donde se evidenció el rechazo de más de mil personas a la actividad minera. A pesar de esto el gobierno trabaja para la activación efectiva del modelo de desarrollo neoliberal que se busca instalar en la región.
FRANCISCO GONZÁLEZ
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FOTO COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA
Prensa Bolivariana 