Bogotá, 2 nov (PL) Mas de 41 mil funcionarios judiciales colombianos continúan en paro por tiempo indefinido, en reclamo de reivindicaciones salariales, mientras la contralora general de la República, Sandra Morelli, solicitó declararlo ilegal. 

Los trabajadores exigen que la nivelación salarial amparada por la Ley numero cuatro de 1992, con vistas a cerrar la brecha existente entre los magistrados y jueces de las altas cortes y tribunales, y los de menor rango.

Por ello batallan desde hace dos décadas para que se concrete en tres años mientras el gobierno alega no disponer de fondos presupuestales para solventarla en esa fecha.

La petición de Morelli fue presentada ante la Sala laboral del Tribunal Superior del departamento de Barranquilla, bajo el criterio de que «la ley establece su competencia para ejercer, en representación de la comunidad, la vigilancia de la gestión fiscal de la administración, a particulares o las entidades que manejan fondos o bienes de la nación».

Añade que el paro judicial ha generado distorsiones en cuanto a la correcta, eficiente, económica y equitativa administración del patrimonio público.

El 19 de otubre último, nueve días después de iniciada la protesta, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció también la intención del gobierno de decretar ilegal la huelga.

En esa ocasión, tras reconocer que existe una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, según la cual las huelgas de la rama judicial son ilegales, Fernando Otálvara, presidente de Asonal Judicial, aseguró que, de declararse ilegal el paro se estarían incumpliendo los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La OIT ha precisado cuáles son las actividades en las cuáles no se puede parar y dentro de esas actividades no está la justicia, dijo el dirigente del gremio que agrupan qa los demandantes.

Entonces está muy claro, agregó, que los convenios obligan a los países firmantes a cumplir lo señalado y, en este caso, Colombia es uno de los firmantes del acuerdo al respecto.

Añadió que, de desconocerse esto, remitirían el caso a los juzgados internaciones del trabajo.

Mientras, los congresistas miembros de la comisión designada para mediar en las negociaciones con el gobierno, advirtieron que hay «un desinterés manifiesto por parte del Ejecutivo » de permitir que participen en la posible solución de los reclamos de una huelga que ya completa más de 20 días».

Pese a los esfuerzos por continuar el acompañamiento a los diálogos, precisaron en un comunicado, «no fue posible lograr que se permitiera a los miembros de esta comisión participar en los diálogos sostenidos entre las partes (Ministerio de Justicia y Asonal) la vispera, lo cual evidencia el desinterés por parte del Gobierno Nacional en este sentido», postulan.

«El Gobierno Nacional no quiere negociar, no tiene voluntad política e igualmente nos sentimos defraudados por el Congreso de la República que nombró una comisión accidental que no se vio por ninguna parte», manifestó el miércoles último Otàlvara, tras cuatro reuniones con autoridades estatales que no condujeron a ningun a parte.

La huelga las reivindicaciones del sector judicial ha concitado el apoyo creciente no solo de la rama judicial en pleno sino de diversas instancias afines, instituciones y sectores institucionales y del gobierno.