Tegucigalpa, 27 sep (PL) La abogada y candidata por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, presentó hoy ante el Ministerio Público de Honduras una denuncia por amenazas sistemáticas contra su vida.

Ayala reveló al Poder Judicial la amenaza de muerte de que fue objeto hace unos días por parte de un individuo que irrumpió en su negocio portando al parecer un arma de fuego.

Se añade que en la madrugada de este jueves unos desconocidos penetraron en la vivienda de la profesional del derecho y sustrajeron su computadora y otras pertenencias.

Los antecedentes de crímenes contra abogados justifican la denuncia de Ayala, quien asocia las intimidaciones a su labor profesonal y política.

Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos denunció que en los últimos 18 meses murieron de forma violenta 30 abogados, 23 hombres y siete mujeres.

La entidad reveló también que alrededor de 80 profesionales de la ley perdieron la vida en forma violenta en los últimos tres años.

Para Ayala esta es «una acción intimidatoria», y responde a su actividad política en el Partido Libre.

«Lo vinculo directamente a la actividad política que realizo en Libre, porque es la única justificación que yo le veo a esta situación», acotó.

El lunes pasado fue asesinado en el camino a la Fiscalía de Choluteca el fiscal de derechos humanos Manuel Eduardo Díaz Mazariegos.

También dos días antes resultó baleado por dos motoristas el abogado y humanista Antonio Trejo Cabrera luego de realizar un casamiento en la colonia Las Américas, al sur de esta capital.

Hasta donde se conoce también Antonio Trejo hizo importantes denuncias de amenazas contra su vida.

Ambos homicidios tienen conmocionado al país centroamericano y son cada vez más las voces que reclaman claridad y justicias en los crímenes, con mayor énfasis contra defensores de derechos humanos.

El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Roy Urtecho, calificó de intolerable la situación y exigió que «la pena para ese tipo de criminales se aumente a cadena perpetua».

Según se conoció, el presidente Porfirio Lobo tiene en su poder una propuesta de Ley para que los crímenes contra profesionales de la justicia sean castigados hasta con 30 años de cárcel.