por Oscar Ossa

Ciudad Bolivar, 19 May. AVN.- Una de las principales luchas del Ejecutivo Nacional en los últimos 13 años ha sido la relacionada con el reconocimiento y atención a los derechos y necesidades de las personas con discapacidad.

Esta lucha, impulsada por el Presidente Hugo Chávez Frías, se convirtió en legislación en el año 2007 con la promulgación de la Ley para las Personas con Discapacidad, que le garantiza a este sector de la población el debido acceso a la salud, educación, deporte, cultura y, especialmente, al empleo.

Con 16 mil personas certificadas en condición de discapacidad, el estado Bolívar agrupa a una importante cantidad de movimientos que defienden los derechos de estos venezolanos.

«El artículo 28 de la ley garantiza que las empresas públicas, privadas o mixtas deben ingresar en sus plantillas laborales un mínimo del 5 por ciento de personas con discapacidad, debidamente certificadas por los organismos creados para tal fin», señaló la diputada del Consejo Legislativo Estadal y miembro del colectivo de personas con discapacidad Tirsa Martínez.

La batalla emprendida ha dado sus primeros frutos con el ingreso de 68 personas en las nóminas de las empresas básicas tuteladas por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el mayor grupo generador de empleo del estado Bolívar.

«Creemos que se debe comenzar por casa para poder exigirle al sector privado que cumpla la ley y por eso hoy en día tenemos trabajadores con discapacidad en las filas de Ferrominera Orinoco, Venalum, Siderúrgica del Orinoco y en la propia CVG», destaca la parlamentaria.

Próximamente ingresarán otras personas con discapacidad en las áreas administrativas y operativas de Carbones del Orinoco (Carbonorca) y en empresas del sector ferrosiderúrgico que fueron nacionalizadas recientemente.

«No los contratan solo para evitar sanciones -advierte- sino que cada uno ingresa en función de su preparación profesional y capacidad de trabajo».

Al respecto, destacó que hoy en día Ferrominera Orinoco cuenta con abogados e ingenieros con discapacidad motriz cumpliendo una importante labor en las áreas de consultoría jurídica y elaboración de proyectos.

«Esto es parte del proceso de inclusión que cuenta con ejemplos como un abogado en silla de ruedas que tuvo la oportunidad de estudiar en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y que hoy trabaja en una empresa básica. Este tipo de inclusión solo es posible en una revolución humanista como la que tenemos», agregó.

También destaca el propio ejemplo de la diputada Tirsa Martínez, quien perdió la movilidad de sus miembros inferiores a raíz de un accidente vial cuando se desempeñaba como dirigente revolucionaria universitaria.

En 2008 esta joven guayanesa fue elegida por voto popular para asumir una curul en el Parlamento de Bolívar y hoy representa a los movimientos de personas con discapacidad en el Gran Polo Patriótico (GPP).

Otra forma de inclusión laboral

En Ciudad Guayana, municipio Caroní, se encuentran en marcha dos proyectos que además de mejorar la calidad de vida de este sector, incorporarán a trabajadores con limitaciones físicas.

El primer proyecto es una fábrica de elaboración y reparación de sillas de ruedas y prótesis, que funcionará en el sector El Roble y que es un proyecto impulsado por los ministerios de Industrias y de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Su función será elaborar y reparar las sillas de ruedas usadas por las personas con discapacidad motriz, así como fabricar y dar mantenimiento a las prótesis de miembros inferiores y superiores.

El segundo proyecto es un laboratorio de órtesis y prótesis, que ya cuenta con un terreno de 4 mil metros cuadrados asignado por la CVG en el sector UD-146 de San Félix.

Esta instalación diseñará y producirá ayudas ortopédicas de todo tipo, incluyendo protesis de miembros superiores e inferiores, ayudas para ortesis, levantamiento de personas con discapacidad motriz, separadores de muslos, zapatos ortopédicos, bandajes, etc.

Sus productos serán distribuidos en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.

«Lo más importante de ambos proyectos es que gran parte de sus operarios serán personas con discapacidad, quienes tienen una motivación muy grande para ayudar a otros compatriotas en su misma situación, sin importar su origen, preferencia política o situación económica», señala Tirsa Martínez.

A esto se suman numerosas iniciativas individuales en materia turística, alimentaria y agrícola, como es el caso de madres con discapacidad que elaboran dulce de merey, mazapán y conservas de frutas en Upata, municipio Piar.

En cuanto al ingreso laboral en el sector privado, las perspectivas son buenas, pues muchos empresarios se han motivado a contratar personas con discapacidad, indicó.

Retos asumidos con convicción

Aparte del acceso al empleo, en el estado Bolívar quedan aún dos grandes retos por superar por parte de las personas con discapacidad.

El primero es el acceso oportuno y cómodo a los medios de transporte público, incluyendo la disponibilidad de más unidades adaptadas para el ingreso de personas en sillas de ruedas o con muletas.

«Es necesario que el transporte público nos dé servicio, pues no podemos sufragar taxis para movilizarnos todos los días. Hay un trabajo grande de sensibilización social que estamos promoviendo junto a la Misión José Gregorio Hernández y el Conapdis», refirió.

El otro reto es la adecuación de la infraestructura de edificios públicos y privados, especialmente centros comerciales y dependencias administrativas, que carecen de rampas para sillas de ruedas o escaleras con sistemas para quienes tienen limitación de movimientos.

«Cada logro se consigue con presencia activa en la calle, en las comunidades. Tenemos el compromiso de seguir luchando por la solución de estos retos. No hacemos esto por proselitismo, sino por una convicción revolucionaria», apuntó finalmente la diputada bolivarense.