El órgano fiscalizador de las cuentas públicas anunció la semana pasada su intención de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El expresidente catalán Carles Puigdemont ha presentado un escrito ante el Tribunal de Cuentas español en el que solicita que se le aplique la amnistía aprobada el mes pasado para las causas relacionadas con el ‘procés’ sin esperar a pronunciamientos europeos.
Así, el texto remitido por su defensa pide que se renuncie a acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según informa elDiario.es. El Tribunal de Cuentas fue el primer órgano en anunciar la semana pasada su intención de presentar ante la instancia europea un proceso para resolver algunas dudas que plantea la aplicación de la amnistía.
Puigdemont argumenta que el Tribunal de Cuentas no es un órgano jurisdiccional , sino un órgano constitucional con funciones administrativas, por lo que la competencia recaería exclusivamente en los tribunales ordinarios instructores.
Diez días para alegar
El pasado 11 de junio, el órgano que audita las cuentas de las administraciones dio un plazo de diez días a los exaltos cargos encausados por los gastos del ‘procés’, entre los que se encuentra el propio Puigdemont, además del exvicepresidente catalán Oriol. Junqueras y el expresidente de Cataluña Artur Mas, para que se pronuncien sobre la procedencia de la cuestión prejudicial.
El Tribunal de Cuentas cree que la ley de amnistía podría chocar con legislación europea relativa a la «lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea «, al principio de cooperación leal, a los principios de igualdad y no discriminación, a los principios de seguridad jurídica y al principio del Estado de derecho.
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Puigdemont se enfrenta a varias causas relacionadas con la convocatoria del referéndum ilegal celebrado en Cataluña en 2017, la declaración unilateral de independencia y las posteriores protestas. Por la vía penal tiene abiertos dos procesos, uno por sedición y otro por terrorismo , a los que se suma el procedimiento del Tribunal de Cuentas que investiga el desvío de fondos públicos para sufragar el ‘procés’.
En un principio todas esas causas deben estar cubiertas por la amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados, una normativa que fue exigida por los partidos independentistas catalanes como requisito para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno el pasado noviembre. Los magistrados tienen dos meses para aplicarla, si bien su implementación se puede ver suspendida en el caso de que se planteen cuestiones de constitucionalidad en España o prejudiciales en Europa.
Los Fiscales aprueban que la amnistía se aplica a la malversación
También este martes se ha conocido que la Junta de Fiscales ha aprobado que la amnistía se aplique a los delitos de malversación, de los que también está acusado Puigdemont.
La cúpula fiscal ha respaldado de este modo, por un ajustado resultado de 19 votos a favor y 17 en contra , la postura del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Así, a partir de ahora, los fiscales deberán defender la aplicación de la norma aprobada el mes pasado también para los ilícitos relacionados con el uso de fondos públicos para la realización del referéndum ilegal de autodeterminación y el resto de acciones emprendidas a cabo en el marco. del ‘procés’.
Ahora la última palabra la tienen los magistrados que son quienes deben aplicar la norma de manera individual. La inclusión de este tipo penal de la amnistía tendría como primera consecuencia que se retiraran las órdenes de detención que pesan contra Puigdemont y algunos de sus exconsejeros.
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